Andalucía carece de un registro detallado para casos de acoso escolar que ayude a la prevención

El bullying se sitúa en torno al 0,03%, es decir, 358 casos entre un alumnado de casi dos millones, según los últimos datos de la Consejería de Educación

El II Plan de la infancia y adolescencia en Andalucía 2016-2020 obliga a la Administración a contabilizar los casos de acoso pero el Defensor del Pueblo Andaluz lamenta que sea solo un recuento cuantitativo

Save the Children insiste en la necesidad de una ley integral que erradique todas las formas de violencia contra la infancia, entre ellas el abuso sexual y el acoso escolar

Javier Ramajo

La Ficalía de Menores de Jaén y la Consejería de Educación investigan paralelamente cómo ocurrió la supuesta violación sufrida por un niño de nueve años en un colegio de la Sierra de Cazorla por parte de otros compañeros, ahora expulsados de forma cautelar. La consejera ha señalado que «el director del centro no tenía conocimiento de ningún tipo de agresión» si bien la organización Save the Children ha dicho que «los compañeros podrían llevar meses cometiendo estos abusos y presionando al niño para que no contara nada en su entorno». El problema de la violencia o el acoso escolar no es nuevo en las escuelas pero, a día de hoy, la Junta de Andalucía no cuenta con un registro detallado de posibles casos debullying en el interior de los centros educativos.

La Administración educativa dispone de un sistema que permite a los centros educativos informar a la Consejería de los supuestos de acoso escolar pero sin sus características, tipología, número de menores implicados (víctimas y agresores), niveles educativos de los afectados, titularidad del centro, posible existencia de acoso por violencia de género, así como las medidas adoptadas con el agresor y la víctima. Más allá de preguntarse cómo puede suceder algo tan terrible en un colegio durante un recreo, la investigación esclarecerá si la presunta víctima de Jaén había sufrido agresiones previas de algún tipo pero los mecanismos para prevenirlas, al menos según un reciente informe del Defensor del Pueblo Andaluz, son mejorables.

La titular autonómica de Educación, en una comparecencia parlamentaria en octubre del pasado año, hizo hincapié en que existe una percepción «positiva» del clima de convivencia en los centros docentes andaluces por parte de la comunidad educativa, según el balance del Observatorio para la Convivencia Escolar en Andalucía. El informe refleja que el alumnado que ha realizado conductas gravemente perjudiciales es del 1,88%, mientras que el fenómeno del acoso escolar se sitúa en torno al 0,03%, es decir, 358 casos entre un alumnado de casi dos millones. La evolución del ‘fenómeno’ en los últimos años arroja cifras similares.

 

Pero según un reciente y completo informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre el acoso escolar, la información que facilita la Junta en ese sentido es «insuficiente, por no decir decepcionante, para valorar con rigor el problema». Los criterios de identificación de posibles situaciones de acoso y su tipología conforme se contemplan en la Orden de 20 de junio de 2011, aunque el actual sistema Séneca (la plataforma para la gestión del sistema educativo andaluz) «no recoge expresamente la tipología completa del acoso escolar», según reconocía la Consejería al Defensor, lamentando que no pudiera facilitar el detalle. Es decir, el sistema de registro telemático para el seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar en los centros educativos sólo es cuantitativo, algo a lo que apuntan escuetamente fuentes de la Consejería consultadas por este periódico.

El referido informe del Defensor, presentado públicamente hace unos meses, ya denunciaba que en dicho registro «no quedan especificados los niveles educativos donde se han dado los supuestos de acoso y se omite referencia alguna a la titularidad del centro o la provincia donde se ubica el centro educativo en cuestión. Esa ausencia de información se hace extensiva también por lo que respecta a las víctimas ya que el informe de la Administración educativa aportaba datos cuantitativos referidos a las personas acosadoras pero «no hace ninguna mención a las víctimas». El Defensor, que ha abierto una queja de oficio sobre el caso de Cazorla, lamentaba que «desconocemos el número de personas que han padecido el acoso escolar, su sexo, las enseñanzas educativas que cursaban, la titularidad del centro, la provincia donde se ubica éste o el tipo de maltrato sufrido».

Una ampliación por parte de la Consejería sí advertía de que las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia se dan principalmente entre los 12 y 15 años, en la Educación Obligatoria Secundaria, pero sin aportar referencia alguna a las provincias o titularidad de los centros ya que la Administración educativa no hacía público los mismos, según apuntaba el Defensor, para evitar establecer comparaciones y rankings, especialmente en datos que son aportados por los propios centros. Los casos de acoso dejan traslucir una discrepancia entre la valoración por los afectados y por el centro docente, ha considerado también el Defensor.

«La solución al problema podría ser, en nuestro criterio, adaptar el actual programa sistema Séneca o bien crear un registro específico de los supuestos de acoso escolar en todos los centros escolares sostenidos con fondos públicos de Andalucía. Un registro donde puedan quedar recogidos, entre otros, datos sobre la naturaleza y gravedad del maltrato, duración del acoso, alumnos implicados y afectados y su edad, nivel educativo donde se encuentran escolarizados, titularidad del centro, provincia donde éste se ubica, medidas adoptadas con el agresor y la víctima. También ha de contemplar el registro los casos de acoso que tienen como motivo la violencia de género», sugería el Defensor.

II Plan de la infancia y adolescencia

Esa recopilación «ordenada y sistematizada» de la información «permitirá hacer un estudio epidemiológico del acoso y ciberacoso, conocer la situación en cada curso escolar y, de esta manera, analizar su evolución y la eficacia de las medidas que se han ido adoptando para erradicar el problema». El órgano que mejor podría llevar a cabo esta labor de análisis es el citado Observatorio para la Convivencia en Andalucía, al estar representados todos los representantes de la comunidad educativa y otros sectores de la sociedad.

En las Islas Canarias, por ejemplo,  se está trabajando en un plan integral que, acompañado de un Observatorio contra el Acoso Escolar, permitirá identificar mejor las dimensiones del problema, previendo su aprobació a finales de este 2018 o comienzos de 2019.

Por otro lado, según recuerda el Defensor, la recopilación de datos de forma rigurosa ya no es una opción para la Administración educativa puesto que el  II Plan de la infancia y adolescencia en Andalucía 2016-2020 «obliga a la Administración a contabilizar los casos de acoso». «Este recuento no puede quedar limitado como acontece en la actualidad con la cuantificación del número de alumnos que han realizado conductas que perjudican gravemente la convivencia escolar», apunta la institución.

Según concluye este informe, «la sociedad tiene derecho a conocer la incidencia real del problema y el alcance del mismo. Un conocimiento real contribuirá sin duda a incrementar la conciencia social sobre la necesidad de erradicar los casos de acoso de las aulas y, paralelamente, servirá como instrumento para sacar a la luz muchos supuestos de maltrato entre iguales que todavía permanecen invisibles». En sentido, una fiscal de menores, pese a la existencia de los protocolos establecidos al efecto por la Junta de Andalucía, lamentó en una jornada que los centros educativos tratan de solucionar en exclusiva posibles casos de acoso escolar y no suelen denunciar.

«Fallos del sistema de prevención»

La ONG de protección a la infancia Save The Children criticaba este jueves «los fallos del sistema de prevención y detección de casos de violencia infantil» tras trascender el caso de Cazorla, y que «pueden llegar a provocar situaciones tan graves como ésta: es totalmente inadmisible que un niño de nueve años esté siendo violado y no existan mecanismos que permitan prevenir y detectar estos abusos ni en el entorno escolar ni en el familiar. El Estado está fallando a estos niños, dejándoles desprotegidos ante agresiones que pueden provocarles daños físicos y psicológicos irreparables», afirma el director general de Save The Children, Andrés Conde.

La ONG insiste en la necesidad de que haya una ley integral que erradique todas las formas de violencia contra la infancia, entre ellas el abuso sexual y el acoso escolar. Actualmente, uno de cada diez niños sufre acoso en el colegio y la mitad de las denuncias interpuestas por abusos sexuales tienen a un menor como víctima, según detallan.

Esta ley, según el colectivo, debe incluir, entre otras medidas, la formación específica para todos los profesionales que trabajen con menores para que sean capaces de prevenir y detectar cualquier tipo de violencia, la formación obligatoria en la enseñanza básica sobre educación afectivo-sexual que permita a los niños reconocer cuándo están siendo víctimas de abusos sexuales o declarar en situación de riesgo a los menores de 14 años que comentan infracciones contra otros niños para que reciban la formación y atención necesaria para evitar que vuelvan a cometer o sufrir otra agresión.

Asimismo, se proponen protocolos obligatorios en todos los centros escolares para prevenir, detectar y actuar en casos de acoso escolar; y  que la prescripción por delitos de abusos sexuales contra la infancia empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años, y no a partir de los 18 como hasta ahora.

Save The Children tiene en marcha una petición de firmas en http://www.losultimos100.org para pedir a todos los grupos políticos que aprueben una ley de erradicación de violencia contra la infancia que cuenta ya con más de 140.000 apoyos ciudadanos.

Fuente: https://www.eldiario.es/andalucia/acoso-escolar-andalucia_0_738076513.html

La escuela catalana se abre a las necesidades especiales

Un nuevo decreto establece que los alumnos catalanes con necesidades especiales estudien en centros ordinarios. Las familias que lo deseen expresamente podrán solicitar que su hijo curse estudios en un colegio de educación especial.

Todos los alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), unos 25.000 en Cataluña, se podrán escolarizar en centros ordinarios. Lo estipula el nuevo decreto de la escuela inclusiva aprobado este martes por la Generalitat y que afecta a todos los estudiantes hasta la etapa educativa postobligatoria. Excepcionalmente, las familias que lo deseen podrán solicitar que su hijo curse estudios en un colegio de educación especial.También lo seguirán haciendo los estudiantes que presenten una discapacidad grave o severa. La implementación de este nuevo decreto hará necesaria la contratación de 1.500 profesionales de la enseñanza durante los próximos cuatro años.

Ensenyament impartió el curso pasado formación profesional para directores y jefes de estudio de escuelas públicas y concertadas. En este curso se está formando al profesorado. La nueva regulación se comenzó a perfilar en el mes de julio del año 2014 y sustituye a la vigente desde el año 1997. «Cambio de paradigma» Supone un «cambio de paradigma, al pasar de una escuela inclusiva a un sistema inclusivo», tal y como explicó la directora general de educación infantil y primaria, Carmen Ortoll. «Queremos que todos los alumnos de Cataluña vayan a centros ordinarios y que todos los centros sean inclusivos», añadió Ortoll. La inversión pública prevista asciende a los 141.952.221 millones de euros hasta el año 2021. De este presupuesto, 99.775.526 millones se destinarán al personal docente. Las familias que quieran decidir dónde estudiarán sus hijos contarán con el apoyo de equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógicos (EAP), que se encargarán de elaborar un informe. Dentro de este decreto, se asegura que cada alumno cuente con «los recursos adecuados» a sus exigencias de aprendizaje. Dichas medidas de apoyo se revisarán periódicamente para ir ajustándolas a las necesidades que vaya demandando el alumno conforme a su evolución académica. Tres tipos de medidas Se contemplan tres tipos de medidas: universales (para todos los alumnos) como los servicios de orientación y de tutoría. Las adicionales (para los escolares en circunstancias especiales o en situación de vulnerabilidad, aproximadamente un 15% de la población escolar) las aplicarán los profesores con la ayuda de maestros de educación especial mientras que las intensivas estarán destinadas a alumnos con necesidades educativas especiales, que la Generalitat cifra en un 5% del total. Otros profesionales implicados en estos planes individualizados son orientadores y especialistas en audición y lenguaje. Mientras que entre las medidas específicas se articularán programas de mejora, de apoyo social, de diversificación curricular, aulas hospitalarias, atención domicilaria y hospitales de día. Las altas capacidades intelectuales del alumnado contarán por primera vez con un marco regulador en Cataluña y el decreto se refiere a ellas como «necesidades específicas de apoyo educativo». La Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva celebró el decreto y lo calificó de «paso gigante» hacia una escuela inclusiva, excepto en el tratamiento de la postobligatoriedad, el cual no ven «definido». Escolarización actual del colectivo De los 25.000 alumnos catalanes con necesidades educativas especiales, 7.000 están escolarizados en centros de eduación especial (5.000 tienen necesidades educativas severas o profundas y los 2.000 restantes podrían estudiar en centros ordinarios al presentar una discapacidad leve o moderada).

Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/3163019/0/la-escuela-catalana-se-abre-a-las-necesidades-especiales/#xtor=AD-15&xts=467263

Qué es… el juego de pelota mesoamericano

Edu Casado

Vamos a cerrar esta semana con un deporte muy peculiar, porque es antiquísimo. A día de hoy es poco practicado y es más una exhibición casi arqueológica que otra cosa, pero creo que es interesante conocerlo un poco más de cerca. Es el juego de pelota mesoamericano.

En realidad, hay varios juegos de pelota conocidos en la zona que conocemos como Mesoamérica (no confundir con Centroamérica, que es una referencia geográfica y no incluiría a México, mientras que Mesoamérica es más una referencia cultural y sí incluye al país azteca -que es parte de Norteamérica-).

En general, podemos decir que se jugaba a juegos de pelota desde el año 1.400 antes de Cristo en el sur de México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua y en zonas tan septentrionales como el estado de Arizona. No sólo se regían por el componente deportivo o competitivo, sino que también tenían carácter religioso e incluso se practicaba para dirimir litigios o conflictos entre tribus o caudillos locales.

Jugadores del equipo de El Salvador, en el reciente Mundial de Guatemala (EFE)

Normalmente se usaban caderas, codos y rodillas (en algunas modalidades, sólo las del lado derecho y en otras se usaban incluso palos o bates primitivos) para golpear una pelota de hule o caucho de hasta 4 kg de peso, que no podía tocar el suelo. Se practicaba en grandes terrenos de juego delimitados por dos paredes encaladas donde podía rebotar la pelota. En la versión más conocida, practicada por mayas y luego toltecas y aztecas, en esas paredes existían unos aros de piedra (colocados verticalmente, al contrario que en el baloncesto), de modo que al hacer pasar la pelota por ellos (en algunas versiones solo con tocarlo) se conseguían puntos.

Se enfrentaban dos equipos de dos o cuatro jugadores y cuando se trataba de partidos rituales, se podría producir un sacrificio humano después (no hay acuerdo si los sacrificados eran los derrotados o los vencedores). Hay crónicas españolas tras la Conquista que destacan lo mucho que botaba la pelota o incluso lo peligroso que podía resultar el deporte, pues por su peso podía provocar serias contusiones a los jugadores.

Como os decía, los campos (se han hallado los restos de cerca de 1.300, lo que da idea de la popularidad del juego) oscilaban en tamaños que iban de los 96 metros de largo por 30 de ancho del de Chichén Itza a los 16×5 del campo de Tikal. Las paredes encaladas solían estar inclinadas.

En la actualidad, existen torneos que recrean este juego ancestral. El pasado mes de septiembre se celebró en Guatemala la segunda Copa Mundial de Pelota Maya. También hay una versión llamada ulama, que se practica sobre todo en el estadio mexicano de Sinaloa, y en la que no hay aros, sino que se juega una especie de voleibol sin red y los jugadores pasan la pelota al campo rival con golpes de cadera.

Os dejo con una recreación de este deporte:

 

Fuente: https://blogs.20minutos.es/quefuede/2017/11/19/que-es-el-juego-de-pelota-mesoamericano/